Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente Luis Abinader presentó este lunes los avances alcanzados para establecer un régimen de consecuencias en la República Dominicana y llevar a la justicia a toda persona “con acciones que le comprometan con la corrupción, sin importar quién sea ni el momento que sea”.
El Gobierno busca sancionar el incumplimiento de la transparencia en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder Ejecutivo y registra, a la fecha, 287 casos de faltas administrativas remitidos al Ministerio de Administración Pública (MAP) y 49 casos de funcionarios públicos actuales llevados al Ministerio Público. También se han recuperado RD$ 6.500 millones del patrimonio público y hay más de RD$ 130.000 millones en casos en curso.
“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”, destacó el presidente Abinader.
Mientras, a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), el gobierno promueve una gestión pública transparente, ética y orientada al bien común, que reconoce el derecho a saber del ciudadano y el deber de informar del Gobierno.
230 instituciones fueron evaluadas entre enero y marzo 2025, de las cuales 211 obtuvieron entre 85-100 puntos, demostrando un alto compromiso institucional con la transparencia.
Por primera vez, un gobierno emite un decreto que sanciona el incumplimiento de la transparencia (número166-25), el cual será aplicado a partir de septiembre y que establece la pérdida de beneficios extraordinarios y sanciones administrativas.
Asimismo, mediante el Decreto número 791-21 las antiguas Comisiones de Ética Pública evolucionaron a Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento, que operan desde dentro de las instituciones.
Igualmente, más de 8.000 servidores públicos han sido capacitados para prevenir malas prácticas en contrataciones públicas, sobornos y gestión de riesgo de corrupción. Se han desarrollado 96 matrices de riesgo para detectar posibles vulnerabilidades a la corrupción y se trabaja para fortalecer el Sistema Nacional de Integridad Pública con la asesoría de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La Digeig realizó también el primer estudio sobre servidores electos, contactando a 195 instituciones de las cuales 139 respondieron, y de esas, 60 confirmaron tener servidores electos en los comicios municipales.
Entre 2020 y 2025 se enviaron 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. Se remitieron 49 casos al Ministerio Público con un tiempo de respuesta promedio de 55 días, agilizando así los 90 días que se establecen en el manual. En estos procesos ha sido clave el involucramiento ciudadano, cuyas denuncias han dado paso a muchas investigaciones, aunque no todas resultan en sanciones.
La Unidad Antifraude de la Contraloría General, fundamentada en la prevención y la investigación, realizó, entre 2021 y 2024, 368 colaboraciones con la Procuraduría General, 31 acciones de prevención, 20 análisis financieros forenses y 72 análisis de denuncias.
Su éxito se debe a la robusta base de datos de la institución matriz y a la sinergia con demás órganos de control y persecución de la corrupción. Con el Decreto núm. 382-25 quedó formalizada como mecanismo preventivo técnico, concebido para perdurar en el tiempo.
En cuanto a persecución de la corrupción, existe mayor independencia y capacidad de actuación, lo que ha permitido a la DGCP y la Unidad Antifraude procesar más de 600 solicitudes del Ministerio Público. Existe además una coordinación efectiva entre los órganos de control y el Ministerio Público, para que los informes de auditoría se traduzcan en acciones judiciales concretas.
Como resultados tangibles, se han llevado a la justicia, en este y el otro gobierno, los casos Calamar, Intrant: Pago RD, sobornos para temas de seguridad, agricultura, asfalto, Cestur, Operación 13, Minerd e Inaipi (estos dos últimos en investigación).
En el área de prevención, se ha bloqueado la corrupción antes de que ocurra, con un monitoreo preventivo que permitió la supervisión de más de RD 853.000 millones para prevenir irregularidades antes de que afecten al Estado.
Más de 517 procesos de compras sospechosas se cancelaron o detuvieron, protegiendo más de RD$ 43.000 millones y se han emitido 112.000 alertas a instituciones públicas para frenar comportamientos riesgosos.
También se implementó el Programa de Cumplimiento Regulatorio en 30 instituciones claves, cubriendo el 85% del presupuesto público, para mejorar la vigilancia y la rendición de cuentas en las compras del Estado y obligar a la revisión de la integridad de los proveedores, con 135 informes para evitar riesgos.
Los controles de tolerancia cero a la impunidad han facilitado la suspensión de 567 proveedores por estar impedidos legalmente de contratar con el Estado, mientras otros 144 fueron inhabilitados por fraude documental y violaciones graves a la ley. Se han emitido más de 618 respuestas a entidades de control y entregado 3.900 certificaciones a procesos investigativos. Además, 13 casos han sido llevados ante el Ministerio Público.
La proactividad se pone de manifiesto con 16 investigaciones iniciadas sin necesidad de denuncias externas, suspendiendo 12 procesos y anulando 35, por un valor superior a RD$ 6.500 millones. Hay un 93% de respuestas a las solicitudes de reclamaciones con 0% de silencio administrativo; un 88% de éxito en la defensa ante el Tribunal Administrativo y 100% de éxito ante demandas temerarias de responsabilidad patrimonial.
Con un marco legal robusto se promovió la Ley de Contrataciones Públicas, con sanciones claras, y se implementó el Reglamento 416-23 para actualizar y fortalecer el sistema de compras públicas. También se creó el monitoreo preventivo, el código de pautas éticas, sistema de alertas y Siscompras.
En tanto, con el Decreto sobre Gestión de Bienes de Consumo número 385-25 se institucionaliza un modelo de gestión eficiente y articulado para los bienes y suministros de uso recurrente e inventariables en las dependencias del Poder Ejecutivo.
El mismo también fortalece la eficiencia y la transparencia en las contrataciones públicas, inteligentes desde el proceso de compra, así como garantiza la trazabilidad y el monitoreo preventivo en todo el ciclo de vida de estos bienes, desde la planificación hasta su disposición final.
En cuanto a la Dirección General de Presupuesto (DGP), para garantizar un uso responsable de los recursos públicos, se realizó un compromiso con la eficiencia, el ahorro y la transparencia, fortaleciendo el sistema presupuestario tanto como la contención y racionalización del gasto.
Por otra parte, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) se creó mediante decreto en 2021 con respaldo presidencial e interés nacional para recuperar los bienes sustraídos al Estado mediante acciones legales y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con una estructura ágil, enfocada en resultados y sin carga presupuestaria directa al Estado, es decir, sus integrantes cobran solo si recuperan activos.
El equipo está formado por expertos en derecho penal, administrativo, empresarial, civil y de ejecución. Funciona con autonomía, sigilo y respeto a los procesos judiciales y al rol del Ministerio Público, bajo un marco jurídico claro y resistente a impugnaciones.
Los logros financieros en este sentido son más de RD$ 6.500 millones ya recuperados (RD$ 3.500 millones en recuperación directa y RD 3.000 en caso EDES). Mientras, hay más de RD$ 130.000 millones en casos en curso, implicando una mejora en los indicadores de percepción sobre corrupción, al tiempo de fortalecer la confianza ciudadana y un cambio cultural en la defensa del patrimonio público.
Entre los retos enfrentados se enumeran: resistencia de funcionarios, acceso limitado a información internacional, presión de poderes fácticos y limitaciones legales al igual que logísticas.
Para las labores de supervisión y control se realiza un monitoreo constante, tanto en lo interno, con la supervisión por una junta de coordinadores, como en lo externo con una vigilancia del MP, tribunales y contrapartes, así como informes trimestrales evaluados por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
En cuanto a la implementación y destino de bienes, se da una colaboración interinstitucional con el Ministerio Administrativo, Hacienda y Consultoría Jurídica, depositados todos los fondos recuperados en la Tesorería Nacional. Además, se transfieren al Estado los bienes muebles e inmuebles a través del Instituto de Bienes Incautados (Incabide).
El país ha tenido un gran liderazgo internacional ocupando la presidencia de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la OEA, del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción
(Mesicic) y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública Iberoamericana (RTA).
De acuerdo con el presidente Abinader, República Dominicana también es el único país de Latinoamérica miembro observador del Comité de Contrataciones Públicas de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
