Santo Domingo (República Dominicana). – El excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, se pronunció nuevamente sobre la problemática de la falta de controles migratorios reales en la frontera, donde, afirmó, «el negocio de las mafias sigue vivo».
Aseguró que, aunque el gobierno dominicano anunció con entusiasmo una serie de medidas y celebró encuentros diplomáticos con expresidentes y figuras del ámbito internacional, siguen ingresando haitianos al país sin regulación alguna. Al mismo tiempo, afirmó que las repatriaciones hacia Haití han disminuido considerablemente.
A través de un comunicado de prensa, el alto dirigente político manifestó que “la frontera vuelve a ser tierra de nadie, las mafias han retomado el control, y la migración ilegal haitiana sigue expandiéndose sin freno por todo el territorio nacional”.
“La apertura al diálogo fue un gesto necesario, pero el problema migratorio no se resuelve con palabras ni encuentros simbólicos. Requiere decisiones firmes, aplicación constante de la ley y vigilancia permanente. Lamentablemente, el gobierno ha vuelto a bajar la guardia, y lo que pudo haber sido un punto de inflexión ha terminado en un retroceso evidente”, declaró Martínez.
El exalcalde de Santiago de los Caballeros indicó que, a pesar de las promesas de desarticular redes de tráfico de personas, las mafias continúan operando con total impunidad en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
“Esto es una muestra clara de que el negocio sigue floreciendo, y con mayor demanda. A esto se suma la entrada constante de ciudadanos haitianos indocumentados, y otros con documentos dudosos, minando los cuatro puntos cardinales del país sin ningún tipo de control”.
Abel Martínez reveló que el descontrol migratorio no solo es un problema de soberanía, sino que también afecta directamente la economía nacional. Recordó que se estima que más del 40% del gasto hospitalario en zonas fronterizas corresponde a ciudadanos haitianos.
Además, “el subsidio indirecto en educación, salud y servicios públicos a estos extranjeros le cuesta al pueblo cerca de 20,000 millones de pesos anuales. Dinero que en gran parte debería invertirse en las dominicanas y dominicanos”.
“Ni hablar del impacto negativo que actualmente afecta el mercado laboral, con la informalidad creciendo, especialmente en la construcción y la agricultura. Las grandes distorsiones que todo esto genera en el mercado laboral están desplazando la mano de obra dominicana y distorsionando las condiciones laborales”, señaló.
