Por José Alejandro Vargas
Ninguna novedad entraña en la tradición democrática de Estados Unidos la confrontación que hoy se vislumbra entre la administración que encabeza el presidente Donald Trump y los jueces que conforman el Poder Judicial, el tinte distintivo podría constituirlo la acidez de la retórica con que se alimenta cada controversia, pues, en sentido general, las tensiones recurrentes entre el ejecutivo y el judicial han moldeado la propia evolución del constitucionalismo estadounidense. Se trata de una batalla perenne en la consecución del equilibrio de los poderes, iniciada por la presidencia de Thomas Jefferson y extendida por más de dos siglos en procura de perpetuar los límites del ejercicio de las potestades constitucionales.
El primer conflicto relevante entre un presidente y el Poder Judicial tuvo lugar a raíz del conocido caso Marbury vs. Madison, de 1803, fallado por el juez John Marshall, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos y durante cierto tiempo, secretario de Estado del presidente John Adams. Poco antes de que John Adams dejara la presidencia, al ser relevado por Jefferson, el gobierno designó a varios jueces de paz, entre ellos William Marbury, cuyo nombramiento ocurrió prácticamente el último día de gobierno del partido. El proceso de designación de los jueces, sin embargo, pasaba por la aceptación del presidente y la ratificación por el Congreso, tras lo cual el nombramiento era sellado y remitido por correo por el secretario de Estado. El nuevo secretario de Estado, James Madison, se negó a sellar y distribuir las credenciales pendientes, e incluso eliminó las plazas para jueces creadas por el anterior presidente, John Adams, obedeciendo las instrucciones del recién electo presidente Jefferson.
Lo que presentó Marbury fue un mandamus, una solicitud en todo similar a lo que actualmente se conoce en nuestro sistema como amparo de cumplimiento. Pero las pretensiones del accionante fueron desechadas, porque la Corte Suprema no tenía competencia para conocer mandamus, pues entonces estaría actuando con atribuciones de primera instancia, algo que le estaba prohibido para la generalidad de los supuestos. En el razonamiento del caso Marshall, afirmó que la Constitución establecía límites para los poderes públicos, de manera que si una ley se oponía a la Constitución dejaba de tener validez. Esta decisión del juez Marshall alentó la tensión con el presidente Jefferson, ya que entendía que con este mecanismo de control el poder judicial concentraba demasiado autoridad.
Otro caso del que podemos hacer alusión para evidenciar los frecuentes conflictos entre presidentes y jueces de Estados Unidos lo es el caso Worcester v. Georgia (1832), también decidido por la Corte presidida por el juez John Marchall, en esta ocasión se declaró inconstitucional una ley del estado de Georgia que invadía la soberanía de la nación cheroqui (Cheroqui era uno de los pueblos indígenas de los bosques del sureste de los Estados Unidos), mediante esa decisión se confirmaron los derechos que asistían a los pueblos indígenas de gozar de independencia y contar con la protección federal. Andrew Jackson presidente de turno se negó a acatar la decisión judicial.
Otra confrontación que destacar fue la surgida a raíz de la disposición del presidente Abraham Lincoln quien durante la Guerra Civil (1861-1865) suspendió la vigencia del habeas Corpus, acción constitucional que protege a los ciudadanos de los arrestos ilegales o arbitrarios. Esta vez tocó al juez Roger B. Taney, de la Corte Suprema, decidir que el presidente Lincoln había violado la Constitución, ya que solo el Congreso tenía la facultad de suspender ese derecho. Al negarse a dar cumplimiento a ese fallo jurisdiccional el presidente argumentó que se imponía la necesidad de preservar el Estado en tiempos de guerra.
Otro capítulo importante que refleja las fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en la evolución histórica del constitucionalismo de Estados Unidos, es el atinente a la implementación del programa de las políticas económicas del presidente Franklyn Delano Roosevelt para combatir la Gran Depresión en 1933, partes de las cuales fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, exasperando de tal modo el ánimo del presidente que lo motivó a procurar ante el Congreso el aumento del número de jueces a fin de conformar una alta corte más progresista, según su parecer.
Innumerables confrontaciones presidenciales y judiciales llenan las páginas del constitucionalismo estadounidense, todas encuadradas en motivos y contextos distintos, pero que reflejan una tradición democrática marcada por un régimen de gobierno fundamentado en la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que permite que el Congreso legisle, el presidente ejecute y los Jueces interpreten la ley; así cada uno controla, limita o vigila a los otros. Evidentemente que esto siempre atizará controversia, porque quienes ejercen poderes públicos aborrecen los controles: ya sean presidentes, ya sean legisladores, ya sean jueces.
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(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
