A rajatabla
Si no fuera porque lo leí en una nota del Ministerio de Interior y Policía, no creería que la ministra Faride Raful viajó a El Salvador para «conocer los esfuerzos en materia de seguridad pública y compartir lo que hace el país para garantizar un Estado seguro para los ciudadanos».
La funcionaria dominicana se reunió con funcionarios salvadoreños «con quienes trató sobre la transformación de los cuerpos policiales y combate al crimen organizado», ante lo cual hay que advertir que la policía dominicana no necesita aprender nada de sus pares centroamericanos.
El modelo de seguridad ciudadana que aplica el presidente Nayid Bukele, basado en confinar en una mega cárcel a decenas de miles de supuestos o reales miembros de bandas criminales, es presentado por la OEA como un modelo a seguir por los gobiernos en América Latina, lo que resulta incompatible con la democracia.
Bukele suspendió derechos los consagrados en la Constitución, aunque en ese país opera un parlamento y un sistema judicial diseñado a imagen y semejanza del ejecutivo, en un régimen de fuerza que derrotó a la criminalidad, pero también abatió a la democracia.
Ese remedio solo aplica para El Salvador, que en el último medio siglo fue escenario de una cruenta guerra entre el Frente Farabundo Martí (FMLN) y el ejército regular, que se prolongó por más de diez años con saldo de 70 mil muertos y su institucionalidad anulada.
Durante el periodo de guerra, millones de salvadoreños emigraron al exterior, cuya diáspora se congregó mayormente en el oeste de Estados Unidos, donde emergieron las bandas «Mara Salvatrucha», «Mara 18» y «Mara Revolucionaria», que luego asumieron control territorial sobre zonas urbanas y rurales de El Salvador.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, la mega cárcel que alberga a más de 50 mil reclusos en condiciones infrahumanas, ha sido la fórmula infalible de Bukele para enfrentar la criminalidad, una receta solo efectiva en esa nación, que llegó a albergar a más de 70 mil pandilleros.
En El Salvador se sacrificaron las libertades públicas para derrotar a bandas transnacionales, una medicina que se aplicó aquí por 30 años, durante los cuales se dice que se podía dormir en la calle con una botija como almohada. Ese ejemplo no es adaptable a República Dominicana, poseedora de una de las democracias más consolidadas del continente.
En vez de que la ministra Raful abreve en la experiencia única e irrepetible de El Salvador, funcionarios de ese país deberían venir a Santo Domingo a copiar la fórmula democrática de contener la delincuencia y la criminalidad sin malograr las libertades publicas.
orion_mejia@hotmail.com
(El autor es abogado y periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
