Santo Domingo (República Dominicana).-El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recusó este miércoles a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por exhibir una conducta parcial en la etapa preparatoria del proceso seguido contra Hugo Beras, José Gómez Canaán y demás implicados en una presunta red de corrupción que defraudó al Estado dominicano mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar explicó que la recusación se fundamenta en la “parcialidad manifiesta” de la magistrada Padilla, quien ha emitido decisiones que favorecen de forma injustificada a los imputados, comprometiendo la integridad de la investigación.
Entre los actos cuestionados, el Ministerio Público citó la autorización de viajes al extranjero para Gómez Canaán, incluyendo destinos como Estados Unidos y Panamá, pese a contar con impedimento de salida del país y tratarse de lugares directamente vinculados a la investigación en curso.
Asimismo, la jueza ordenó la devolución de armas de fuego a Gómez Canaán, registradas a nombre de terceros, y levantó medidas de inmovilización de cuentas bancarias y oposición a la transferencia de bienes, a pesar de tratarse de una investigación financiera por delitos de lavado de activos.
El Ministerio Público advirtió que estas decisiones contradicen precedentes de la propia judicatura, en los que, bajo condiciones similares, no se otorgaron dichos privilegios. Además, denunció una grave violación al principio de separación de funciones, señalando que la jueza ha intentado limitar el alcance de la investigación del Ministerio Público al afirmar que los acusados no están siendo investigados por lavado de activos, cuando esa imputación forma parte del proceso desde sus inicios.
“Confiamos en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ponderará de manera objetiva los argumentos expuestos por el Ministerio Público”, expresó el fiscal Pérez Fulcar.
En el caso son están procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); Gómez Canaán; Frank Díaz Warden, coordinador de despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; Carlos José Peguero Vargas; y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.
Durante la operación contra esta estructura criminal, el Ministerio Público, con el apoyo de más de 170 agentes policiales y 30 fiscales especializados, realizó allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, ocupando cientos de evidencias que sostienen las acusaciones de corrupción administrativa, estafa, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, robo de identidad y lavado de activos.
