Santo Domingo (República Dominicana).- El Grupo Antigua Orden Dominicana pretende realizar, el próximo domingo, una marcha pacífica en el sector Hoyo de Friusa, en Bávaro, conocido también como “El Pequeño Haití”, (paraje del distrito municipal Verón Punta Cana), una de las localidades más conflictivas de la provincia La Altagracia.
El objetivo de la actividad es visibilizar las problemáticas de inseguridad, narcotráfico y actividades ilegales en la zona, llamar la atención de las autoridades sobre la creciente violencia, principalmente debido a la alta concentración de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular y las acciones ilícitas que se desarrollan en el área.
Con el lema «Exigimos transparencia», los organizadores piden una intervención urgente para garantizar la seguridad en el lugar y una mayor transparencia en las políticas de migración.
Asimismo, exigen que se respeten los principios de la dominicanidad y se evite que el sector se convierta en un refugio para actividades ilegales.
La Antigua Orden Dominicana es una entidad que se define como nacionalista y promueve los valores patrióticos y la defensa de la seguridad nacional.
Los promotores de la manifestación han invitado a la sociedad civil a unirse a la jornada vistiendo prendas negras como símbolo de rechazo por la situación de inseguridad en Friusa.
Aunque no se ha obtenido el permiso formal del Ministerio de Interior y Policía, el grupo espera que se gestionen los trámites necesarios para su realización.
A través de su cuenta de X (antigua Twitter) sostuvo que la autorización fue solicitada el pasado miércoles 19 de marzo, y que aún se encuentra en proceso de aprobación.
La convocatoria ha generado inquietud por la posibilidad de incidentes y enfrentamientos en un lugar reconocido por su inestabilidad, así como también por el riesgo de que se exacerben las tensiones.
Este llamado ha generado reacciones encontradas que se enmarcan en el creciente debate sobre la migración irregular, la seguridad y la soberanía nacional.
Sectores de la sociedad temen que surjan choques similares a sucedido la tarde de ayer en en una obra de construcción situada en la zona de Uvero Alto de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, cuando varios trabajadores haitianos protagonizaron un disturbio que culminó en el incendio de vehículos, disparos, destrucción de las oficinas operativas y la muerte de un indocumentado.
A inicios del problema circuló la información de que los obreros se manifestaron en reclamo del pago de sus labores; sin embargo, esta versión fue negada por los propietarios de la obra.
Mientras, este domingo la Policía Nacional informó que seis de estos trabajadores fueron arrestados, tras el incidente y no suministró los nombres.
Por el hecho, está bajo custodia policial el dominicano identificado como Héctor Andrés Ramírez, de 45 años, quien fue el autor de los disparos. Ramírez se encuentra hospitalizado en un centro de salud debido a golpes que recibió durante el incidente por parte de haitianos que le atacaron en represalia.
En tanto que la persona que falleció fue identificada como Pierre Frisnord, de 29 años, un inmigrante que trabajaba en la construcción del complejo hotelero.
Paralelamente, este domingo, la comunidad haitiana, en una publicación de Haití en Español en la red X, señala «hará responsable al Ministerio de Turismo de la República Dominicana y a los dueños de hoteles en Punta Cana de cualquier incidente que afecte a un haitiano en la zona de Friusa, porque los migrantes que hay allí, son TRABAJADORES de la CONSTRUCCIÓN HOTELERA».
El 24 de marzo de 2024, la Antigua Orden Dominicana, cuyos miembros visten de negro, presentó un comunicado a la oficina de las Naciones Unidas en República Dominicana rechazando los intentos de ese organismo de instalar en el territorio local campos de refugiados haitianos que huyen de la violencia e inseguridad en su país.
Otra demostración pública se produjo el 16 de octubre de 2022, en Puerto Plata, junto a dirigentes de varias organizaciones de esa ciudad, realizada en la Plaza Independencia de esta ciudad, alrededor de la Glorieta, específicamente.
En el mensaje expresaron su oposición a cualquier intervención o imposición de las ONGs en contra de la soberanía y de la Constitución.
La marcha fue contra la «haitianización» y para apoyar a los puertoplateños presidentes de juntas de vecinos y sus alcaldes en su labor de hacer cumplir las leyes dominicanas, tanto laborales como migratorias, para proteger a la población ante el creciente éxodo desde Haití.
Una situación parecida se dio el año pasado en Plaza de la Bandera, en Santo Domingo. En esa ocasión, la Antigua Orden Dominicana protestó por un control migratorio más «riguroso».
La indignación se centró en pedir respuesta del presidente Luis Abinader, a quien los protestantes le han hecho un claro llamado: “Si Abinader no lo saca, lo sacamos nosotros”, aludiendo a la exigencia de una política más estricta frente a la migración haitiana.
En diversos foros internacionales se ha insistido en que la República Dominicana debe ejercer su derecho a controlar la entrada de ciudadanos indocumentados y a los que se encuentren irregularmente en su territorio.
La llegada masiva de nacionales de Haití hacia la República Dominicana ha sido un punto detonante que mantiene en alerta a la población e instituciones, como el Instituto Duartano que mantiene activo el discurso de defender la soberanía y la seguridad exigiendo drásticas medidas migratorias.
La entidad por igual insiste en que los jueces condenen a prisión a los traficantes dominicanos que constantemente introducen a esos extranjeros al país en diferentes vehículos, como motocicletas, autobuses, carros y camionetas.
Los tribunales, por demanda del gobierno dominicano, ya han estado dictando algunas sentencias contra traficantes dominicanos apresados por el Ejército, acarreando a decenas de hombres, mujeres y niños. La entrada ha aumentado los últimos meses a través de las provincias de zona fronteriza.
Esa práctica es sancionada por la Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. El Art. 2 de esa legislación establece que “se considerará pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que promueva, induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen, o como tránsito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio, para sí u otros”.
Se establece una pena de la privación de la libertad mínima de 10 años, máxima de 15, y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos, al autor del delito de tráfico ilícito de migrantes.
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