Santo Domingo (República Dominicana).- Las servidoras del Poder Judicial representan el 64 por ciento de la empleomanía a nivel nacional, de un total de 7,253 personas, es decir, en todo el país 4,654 son mujeres y 2,599 hombres en este Poder del Estado.
Dentro de ese número general 459 son juezas, de un total de 737 magistrados.
La Suprema Corte de Justicia cuenta con cuatro magistradas, las Cortes tienen 136 juezas, en los tribunales de Primera Instancia administran justicia 245 juzgadoras y en los juzgados de Paz 74.
Este porcentaje a nivel nacional coincide con lo planteado por el Juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina Peña, al asegurar que “la justicia del siglo XXI solo será posible si logramos que impere en ella la equidad plena y la inclusión de la mujer en todos los niveles de toma de decisiones”.
Por otro lado, la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial creada en 2007 es el órgano encargado de monitorear e informar del cumplimiento de las acciones aprobadas en el marco de la Política de Igualdad de Género de esta institución, así como de los compromisos asumidos en el ámbito nacional e internacional.
Las iniciativas impulsadas por esa comisión le han valido al Poder Judicial desde 2023 la distinción del Sello Igualando RD para el Sector Público, en su reglón Oro, el más alto reconocimiento otorgado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de la Mujer.
Con el reconocimiento, el Poder Judicial dominicano se convirtió en la primera institución de administración de justicia en obtener la distinción en Centroamérica y el Caribe, con el que se reconocen los esfuerzos hacia la igualdad entre hombres y mujeres.
Entre esas iniciativas se pueden citar el Observatorio de Justicia y Género, primero en la región con el objetivo del estudio de resoluciones y decisiones para plantear líneas de acción que potencien la igualdad; el Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso en el Poder Judicial, un instrumento destinado a propiciar un entorno saludable, libre de hostigamiento, discriminación y acoso sexual y/o laboral, a través de la aplicación de medidas preventivas y de un sistema de consecuencias.
También, la Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia, con el objetivo de proveer a jueces, juezas y servidores(as) judiciales de herramientas para la implementación de buenas prácticas en el trato a las personas usuarias del servicio de justicia, basado en la igualdad y el respeto a su dignidad humana.
Asimismo, la Guía contiene el Protocolo para Personas LGBTIQ+, con discapacidad y migrantes, tiene por finalidad servir como herramienta pedagógica, de consulta y aprendizaje sobre el acceso a la justicia sin discriminación y con respeto a la dignidad personal; además, facilitar el trabajo y promover prácticas cotidianas del personal judicial en la mejora de los servicios y en la atención humanizada a todas las personas.
Otros aportes importantes son la instalación de centros de entrevistas para víctimas y testigos en todos los departamentos judiciales y, más recientemente, el libro electrónico “Abriendo Espacio a la Equidad”, un compendio de escritos realizado por jueces y juezas sobre la temática de género.
Asimismo, fue publicado el estudio “Análisis de las Sentencias Dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, Violencia Sexual e Incesto, 2020-2022”.
De las 1,494 sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia en 2022 se destaca que 131 tratan sobre delitos sexuales, violencia doméstica y contra la mujer, ocupando el abuso sexual contra menores de edad, el más común, al alcanzar el 27 % de las decisiones, seguido de abuso sicológico contra menores de edad, que se situó en un 20% (en violación a la ley 136-03) e igual porcentaje en caso de violación sexual.
La Comisión de Género en su estructura cuenta con una coordinadora y una subcoordinadora, ambas posiciones ejercidas por juezas de la Suprema Corte de Justicia, magistradas Nancy Salcedo y Vanesa Acosta, respectivamente; y la secretaría permanente como órgano ejecutor de las acciones trazadas por la comisión por la Dirección de Justicia Inclusiva.
