Santo Domingo (República Dominicana).- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana apela a la responsabilidad del liderazgo partidario y lo exhorta a colocar en primer lugar el interés nacional.

La reflexión del capítulo dominicano de Transparencia Internacional se hace a los fines de que los comicios del 5 de julio sean unas elecciones limpias y ordenadas que den paso a un Gobierno rodeado de legitimidad, con el apoyo y la energía necesarios para enfrentar los grandes desafíos que en estos momentos tiene el país.

Para el Consejo Nacional de la organización en un país donde los deportes y la política se realizan con pasión, es normal que a días de las elecciones aumente la presión que ejercen los candidatos y los partidos que les apoyan.

En un comunicado de prensa, recordó que ese evento es la oportunidad para que los dirigentes políticos demuestren de qué madera está hecho su liderazgo y lo ejerzan con responsabilidad, sin excesos, respetando las leyes y las mejores prácticas electorales.

La entidad ve con alarma la reproducción en la radio, televisión nacional y redes sociales de interceptaciones telefónicas no autorizadas, violando derechos fundamentales, así como diversas leyes que sancionan estas acciones con penas de uno a tres años, sin que el Ministerio Público inicie una investigación.

“Los excesos han llegado al punto de publicar en la prensa nacional anuncios que implican una clara amenaza contra los empleados públicos, en violación al artículo 285.4 de la Ley de Régimen Electoral, que sanciona con penas de tres meses a un año de prisión a ‘los que incitaren o cohibieren en cualquier forma a un elector en el ejercicio de su derecho’, como también viola el artículo 284.19 de la misma ley”, manifiesta en el comunicado.

Presidente con derecho a participar

Reconoció que el Presidente de la República, como líder político, tiene el mismo derecho que cualquier otro funcionario público de hacer campaña por los candidatos de su partido, para lo cual debe tomar una licencia de sus funciones públicas.

La entidad criticó que, casi concluyendo la campaña electoral, aun los partidos políticos y sus candidatos no cumplen con lo establecido en las nuevas leyes que lo regulan que establecen poner a disposición de la ciudadanía, a través de la Junta Central Electoral (JCE), los nombres, apellidos y cédulas de todos sus contribuyentes de fondos, incluyendo los montos aportados, única forma en que se puede controlar el tope legal de aportes que pueden recibirse.

“La campaña electoral, una vez más, ha estado dominada por el clientelismo, sobre todo porque se ha preferido aprovechar la terrible pandemia que nos abate para convertir las ayudas humanitarias en un instrumento de captación de votos con lo que se humilla a la ciudadanía, al pretender comerciar con su conciencia, en lugar de elevarla y educarla”, sostuvo la entidad.

Lamenta la ausencia de la recién creada Procuraduría Especializada para Delitos Electorales que, aunque todavía no cuenta con las condiciones adecuadas para cumplir su misión, podría haber hecho una diferencia de frente a los múltiples delitos electorales que están a la vista de todo el país y el mundo.

“Entendemos que todavía hay tiempo, dado que los mayores delitos se producen alrededor del día de las elecciones, para dar inicio a la ansiada etapa de terminar con la impunidad que siempre ha rodeado a los delitos electorales”, resaltó.