Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el ataque a las oficinas del Movimiento Socio-Cultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA) en República Dominicana, organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas migrantes. La CIDH llama al Estado dominicano a garantizar la seguridad de quienes integran este movimiento, y de quienes acuden a su sede, para que puedan ejercer sus actividades libres de cualquier forma de intimidación.
El 2 de octubre el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de República Dominicana anunció la implementación de un plan de ejecución inmediata para expulsar a más de 10.000 personas en situación migratoria irregular por semana. Frente a esta decisión, diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y apátridas, tales como expulsiones masivas, deportación de niñas y niños no acompañados, confiscación de documentos de identidad y hacinamiento en los centros de detención migratoria.
En este contexto, la Comisión recibió información de la organización MOSCTHA indicando que el 8 de octubre representantes de grupos que respaldarían la nueva política de expulsión de migrantes, habrían rodeado sus oficinas. Estas personas habrían llegado hasta las instalaciones de la organización exigiendo de manera violenta que el personal les reciba mientras gritaban consignas estigmatizantes en contra de las personas haitianas. Pese a que personal de la organización solicitó la protección de la Policía Nacional, esta no se habría brindado.
Se advierte que estos hechos se enmarcan en un contexto más amplio documentado por la CIDH de racismo, xenofobia y hostilidad en contra de personas haitianas y defensoras de derechos humanos.
Por su parte, el Estado dominicano condenó todo acto de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, reconoció el rol de estas personas como actores clave de la sociedad civil, su esencial contribución para la diseño y validación de políticas públicas, y para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos. A la vez, indicó que, el día de los hechos, la Policía Nacional se presentó a las instalaciones de MOSTCHA para brindar protección y auxilio ante la posibilidad de que la protesta pusiera en peligro a personas o bienes privados.
En cuanto a la política migratoria, el Estado indicó que busca mejorar la gobernanza y el alto flujo migratorio, respetando los principios del Estado social y democrático de derecho. Precisó, que todas las acciones se ejecutarán dentro del marco de la ley y abiertos a la cooperación con la comunidad internacional, y que las devoluciones se realizarán de manera individualizada, de acuerdo con las normativas internacionales, y bajo la supervisión de las autoridades competentes.
La Comisión reitera la importancia que tiene la labor de las personas defensoras para toda sociedad democrática y el Estado de derecho. A la vez, enfatiza que la violación del domicilio y otras injerencias arbitrarias o abusivas en las instalaciones de organizaciones de derechos humanos o en el domicilio de sus integrantes es una forma de menoscabo de las acciones que desempeñan en defensa de los derechos humanos.
Por ello, llama al Estado a garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, y a que puedan ejercer sus actividades de defensa libres de cualquier tipo de amedrentamiento o amenazas como consecuencia de sus actividades. Este deber no se limita a proporcionar medidas materiales a fin de proteger su integridad personal o a asegurar que sus agentes no interfieran en el pleno ejercicio de sus derechos humanos, sino que conlleva el actuar sobre las causas estructurales que afectan su seguridad. Esto, con el fin de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de sus derechos.
Finalmente, la CIDH llama a los Estados de la región a trabajar en la ampliación de los canales regulares para la migración internacional. Esto requiere de la adopción e implementación de mecanismos concretos que conduzcan a reducir no solo la migración irregular, sino a abordar las causas económicas, sociales y de seguridad mediante la generación de condiciones de vida digna y el aseguramiento del ejercicio de los derechos humanos en los países de origen, de modo que se elimine el desplazamiento forzado de personas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
