Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, citó la digitalización y la reducción del retardo judicial como avances que fortalecen la confianza en la justicia
Molina ofreció sus declaraciones al participar como conferencista en la Feria del Libro de Historia Dominicana, organizada por el Archivo General de la Nación.
El también presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ), destacó el aumento de la confianza pública hacia el sistema de justicia, la reducción significativa de la mora o retardo judicial y la aplicación de la digitalidad como parte de los avances que arroja el proceso de transformación en ese poder del Estado.
Al ponderar el aporte de los libros a la evolución histórica del Derecho y la Justicia, Molina informó que la confianza en el sistema judicial aumentó ocho posiciones en el ranking global, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho de la organización internacional de la sociedad civil Proyecto de Justicia Mundial, (World Justice Project).
Durante su ponencia “La Justicia y el Derecho dominicano en el tiempo: hacia la garantía efectiva de la dignidad de las personas”, sostuvo que la implementación de la Ley de Casación núm. 02-23, de enero de 2023 ha sido un factor clave en la mejora de la mora judicial, lo que ha reducido el tiempo de tramitación en la SCJ de dos años a menos de cinco meses.
“Esto no solo ha acelerado los procesos, sino que ha fortalecido la seguridad jurídica al unificar la jurisprudencia y dotar al sistema de mayor coherencia y predictibilidad”, manifestó.
Asimismo, indicó que el Poder Judicial promueve los métodos no adversariales de resolución de conflictos, para cambiar la tradición litigiosa que congestiona los tribunales, inspirados en modelos de sistemas judiciales donde se ha demostrado que solo una minoría de los casos llega a juicio.
En ese sentido sostuvo que el rol de la academia es fundamental para formar a los abogados y las abogadas del futuro, al entender que el ejercicio del Derecho debe priorizar el acuerdo y la mediación sobre el litigio prolongado.
Por otro lado, destacó que la digitalización ha sido un motor crucial en la transformación del Poder Judicial, y sostuvo que el ciento por ciento de los jueces y juezas, y gran parte de los servidores judiciales, implementan la firma electrónica en sus documentos, lo que afirmó ha incrementado la confiabilidad y autenticidad de los procesos.
Invitó a utilizar los servicios del portal de Acceso Digital y generar todas sus gestiones 100% digital, lo que dijo facilitará sus trámites, lo que también permite la mejora continua y la revisión constante de los avances.
Molina subrayó que la justicia es un pilar fundamental de la sociedad, y aseguró que, con el esfuerzo conjunto de todos los actores, se seguirá avanzando hacia un sistema judicial más justo y equitativo.
“Solo con la colaboración de todos y todas podremos hacer realidad una justicia que garantice la dignidad de las personas, que refuerce la legitimidad y la confianza en nuestro sistema democrático, y que impulse el desarrollo de nuestra nación”, apuntó.
Calificó la transparencia como vital para mantener la confianza pública, por lo que el Poder Judicial puso a disposición la sociedad el Observatorio Judicial, que permite un seguimiento detallado de las tendencias en la justicia.
Asimismo, dijo que la actualización del Código de Ética y la implementación del Escalafón Judicial son fundamentales para asegurar que la justicia se administre con independencia, integridad y transparencia.
“Ambas herramientas agregan certeza y objetividad en la toma de decisiones relacionadas con las actuaciones de jueces y servidores. Este compromiso con la ética es esencial para mantener la confianza de la sociedad en nuestro sistema judicial”, indicó.
En la actividad estuvieron presentes el director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá; el subdirector José Vilchez; y por el Poder Judicial el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio; el secretario general de la SCJ, César García Lucas; el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito; la directoria general técnica, Gervasia Valenzuela; y el coordinador general de Comunicaciones, Javier Cabreja.