La firma del decreto se produce tras semanas de intensas protestas por todo el país a raíz de la muerte, el pasado 25 de mayo, de George Floyd, un ciudadano afroestaodunidense que falleció en la ciudad de Minneapolis cuando se encontraba bajo custodia policial.
Por Rafael Salido
Washington (VOA).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto que insta a los distintos estados a acometer una serie de reformas en las fuerzas de seguridad, que en los últimos días se encuentran en el ojo del huracán por la muerte de George Floyd cuando se encontraba bajo custodia policial.
«Damos un paso histórico para ofrecer un futuro de seguridad para los estadounidenses, de cualquier raza, religión o color», afirmó el mandatario durante la ceremonia de presentación del documento, celebrada en los jardines de la Casa Blanca.
La orden ejecutiva firmada por Trump sustenta los cambios en tres puntos: la creación de una lista negra con agentes que han sido amonestados por cometer abusos, incentivos económicos para los cuerpos policiales que lleven a cabo una certificación independiente y una mayor participación de los trabajadores sociales en incidentes no violentos.
Las reformas, que deberán ser acometidas por los distintos estados y ciudades del país, no contemplan dos de las principales exigencias que se pudieron escuchar durante las protestas por la muerte de Floyd: la prohibición absoluta de algunas técnicas de arresto consideradas abusivas y la reducción de fondos destinados a las fuerzas del orden.
Debemos encontrar un punto de encuentro —concedió Trump— pero me opongo fuertemente a los intentos radicales y peligrosos de retirar fondos, desmantelar y disolver nuestros departamentos de policía».
En realidad, la propuesta que hacen algunos movimientos sociales, como Black Lives Matter, y que algunas ciudades ya están estudiando, es reducir los fondos de la policía para así poder destinar más dinero a programas de reinserción o a la lucha contra la drogodependencia.
Trump aseguró que el pueblo es consciente de que «sin policía hay caos, sin leyes hay anarquía y sin seguridad hay catástrofes».
«No habrá más vandalismo ni incendios y las penalizaciones serán enormes», advirtió el presidente al hablar de las protestas, mayoritariamente pacíficas, que sacuden al país desde hace semanas y en la que han participado decenas de miles de personas.
El mandatario aseveró que «los estadounidenses quieren ley y orden, lo demandan; a lo mejor no lo dicen, a lo mejor no están hablando de ello, pero eso es lo que quieren».
«Algunos ni siquiera saben que es eso lo que quieren, pero eso es lo que quieren», insistió.
Trump defendió, eso sí, la necesidad de incrementar la «transparencia» y de reforzar «la rendición de cuentas» en los departamentos de policía, para lo cual apostó por aumentar la inversión en la contratación y formación de agentes.
Por ello, hoy firmaré un decreto instando a los departamentos de policía de todo el país a que adopten los más altos criterios profesionales para servir a sus comunidades», detalló.
El mandatario destacó la valía de los miembros de las fuerzas de seguridad, que se «merecen un gran respeto» por el trabajo que realizan, si bien reconoció que existe «un porcentaje muy pequeño» de agentes que no están a la altura.
A pesar de que la tarea de reformar los cuerpos de policía recae en las autoridades locales, Trump aseguró que el Gobierno federal «está listo y deseando» ayudar.
El decreto determinará, explicó Trump, que los departamentos de policía deberán someterse a «procesos de acreditación independiente» para tener acceso a fondos del Departamento de Justicia.
«Los estrangulamientos quedarán prohibidos, a no ser que la vida de una agente esté en juego», agregó, antes de desvelar que se está trabajando en la posibilidad de adquirir nuevas armas «no letales» que faciliten el trabajo de los policías sin poner en peligro a la población.
Este es un punto controvertido, puesto que numerosos legisladores habían abogado por vetar este tipo de maniobras completamente.
De hecho, la Cámara de Representantes está trabajando en un proyecto de ley que contemplaría su prohibición y que, además, acabaría con la doctrina de la inmunidad calificada, lo que posiblitaría que se presentaran demandas civiles contra aquellos agentes que violen los derechos de los ciudadanos.
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