Redacción (Noticias ONU).- La relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas subraya las graves violaciones de derechos humanos inherentes a la prostitución, como la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Aboga por un marco jurídico abolicionista, en el que los Estados tienen la responsabilidad de proteger y asistir a las víctimas y de aplicar medidas estrictas contra el proxenetismo.
La prostitución debe ser reconocida urgentemente como un sistema de violencia, explotación y abuso, declaró este viernes la relatora especial* sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem.
«La prostitución reduce a mujeres y niñas a meras mercancías y perpetúa un sistema de discriminación y violencia que obstaculiza su capacidad para alcanzar una verdadera igualdad», afirmó Alsalem en un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos.
El informe analiza cómo las normas patriarcales, las desigualdades económicas y la globalización contribuyen a la proliferación de la prostitución.
«La prostitución sexualiza y racializa la pobreza, y se dirige a mujeres de entornos marginados, que a menudo carecen de acceso a servicios de protección o a oportunidades viables de ganarse la vida, lo que aumenta su vulnerabilidad ante una mayor explotación», afirmó la experta**. «Deben abordarse las desigualdades estructurales subyacentes que afectan sobre todo a mujeres y niñas«.
Graves violaciones de derechos humanos
Subrayó las graves violaciones de derechos humanos inherentes a la prostitución, incluida la violencia física, psicológica y económica y sostuvo que la prostitución da lugar a múltiples violaciones, como la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, y que viola el derecho a la seguridad, la dignidad, la intimidad, el más alto nivel de salud, la libertad de circulación y la familia.
“Ante estas realidades, he llegado a la conclusión de que la prostitución no puede calificarse de trabajo. Como afirma una superviviente: Ningún trabajo implica que un cliente realice actos dentro del cuerpo de una empleada. Esta horrible realidad afecta a millones de mujeres y niñas y es una crisis de derechos humanos, lo que lleva a preguntarse por qué nunca se ha reconocido como tal”, señaló.
«Dado el inmenso daño que sufren las mujeres y niñas que ejercen la prostitución, es importante utilizar una terminología acorde con la legislación y las normas internacionales de derechos humanos. Términos como trabajo sexual higienizan la dañina realidad de la prostitución», prosiguió Alsalem.
Normalización de la violencia
Alsalem también dio la voz de alarma sobre cómo la percepción del derecho de los hombres a comprar actos sexuales normaliza la violencia sistemática y borra los límites entre el sexo consentido y la violencia sexual, lo que tiene repercusiones de gran alcance en la formación de las expectativas sexuales de hombres y niños.
«La normalización de la prostitución, incluida la pornografía, crea expectativas sexuales perjudiciales para hombres y niños y socava la participación segura e igualitaria de mujeres y niñas en la sociedad», afirmó Alsalem. «Muchas niñas se sienten angustiadas por la pornificación y sexualización de mujeres y niñas, especialmente en la pornografía».
Marco jurídico abolicionista
Basándose en una amplia revisión de los modelos jurídicos y políticos presentados en el informe, Alsalem abogó por un marco jurídico abolicionista, y subrayó la responsabilidad de los Estados de proteger y asistir a las víctimas teniendo en cuenta las cuestiones de género.
«Los Estados deben despenalizar la prostitución de mujeres y niñas, que deben ser tratadas como víctimas, proporcionarles apoyo integral y vías de salida, así como penalizar la compra de actos sexuales y aplicar medidas estrictas contra el proxenetismo. Las políticas de lucha contra la trata que crean una distinción artificial entre prostitución forzada y libre no deben utilizarse indebidamente», afirmó.
* Reem Alsalem es la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
** Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
