Santo Domingo (República Dominicana.- La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aplazó para el viernes 19 de este mes, el conocimiento de medida de coerción a Yamil Abreu Navarro, presunto cabecilla en el país de una red internacional de narcotráfico, con supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa, pedido en extradición por Estados Unidos.
En la primera audiencia virtual celebrada por esa alta corte en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19, el tribunal tomó la decisión a fin de que el Ministerio Público notifique al requerido en extradición la solicitud de medida de coerción que pretende solicitar en su contra.
La defensa de Abreu Navarro argumentó que el Ministerio Público no había notificado debidamente a su cliente la solicitud de extradición enviada por el estado requirente y la medida de coerción que solicitaría, ni había facilitado una reunión de trabajo entre el acusado y sus defensores.
Al dar inicio a la audiencia virtual, el magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Sala Penal, detalló aspectos de interés sobre esta modalidad establecida en la Resolución 007/2020, del 2 de junio del corriente.
El magistrado Jerez Mena explicó que la audiencia se rige por las normas del debido proceso consagradas en la Constitución y el Código Procesal Penal y comentó que la virtualidad es una novedad que se impuso con rapidez a raíz de los problemas sanitarios desatados por la pandemia del COVID-19 y consideró que las crisis «traen progreso e impulsan la creatividad».
En la audiencia de medida de coerción contra Abreu Navarro se observó toda la solemnidad que establece la normativa procesal penal, entre ellas la grabación a los fines de garantizar el principio de publicidad.
El proceso fue aplazado para el viernes 19 de junio próximo a las 10:00 de la mañana, luego de que la corte que también integran los jueces Fran E. Soto, María Garabito Ramírez, Vanessa Acosta y Francisco Ortega Polanco, decidiera a unanimidad acoger el pedimento de la defensa del imputado, integrada por los abogados Freddy Castillo y Jensy Abreu.
En ese sentido, el tribunal suspendió la audiencia a fin de que el Ministerio Público notifique al requerido Abreu Navarro la solicitud de medida de coerción que pretende solicitar en su contra; además, ordenó a la Secretaría General de la SCJ notificar por vía electrónica a la defensa del extraditable de la documentación depositada por el Ministerio Público en la que sustenta la petición de extradición, a fin de garantizar una defensa efectiva.
También dejó en manos del Ministerio Público establecer lo antes posible un espacio cómodo para que el extraditable se reúna con sus abogados.
El Ministerio Público estuvo representado por los magistrados Andrés Chalas y Francisco Cruz Solano, mientras que la doctora Analdis Alcántara actúo en nombre del estado requirente.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este pasado 9 de junio que en coordinación con La Procuraduría General de la República, arrestaron a Abreu Navarro, detenido atendiendo una solicitud de la Suprema Corte de Justicia, a petición del fiscal general del Distrito Este de Nueva York, supuestamente dirigía en una red de narcotráfico transnacional radicada en Padre las Casas, Azua, en el sur del país.
Al momento de su captura, Abreu Navarro se desempeñaba como coordinador de campaña del Sur Central del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y también director de la Junta Municipal de las Lagunas, Padre las Casas, Azua. Perdió la candidatura a alcalde por el (PRM) en las elecciones realizadas el 15 de marzo pasado.
De acuerdo a las autoridades, la red internacional que tiene incidencia en México y Estados Unidos, se dedica al tráfico de heroína y otras sustancias controladas, al lavado de activos, movimiento y transacciones de dinero de manera ilegal, entre otras actividades ilícitas.
La DNCD dijo que los registros criminológicos dan cuenta que el 17/08/2002, la Justicia estadounidense habría sometido en Nueva York, a José Dolores Alcántara y María de los Remedios de la Rosa Florián, a quienes les ocuparon 9 kilos y 240 gramos de heroína. Las evidencias señalan a Abreu Navarro como el jefe de los imputados quien desde República Dominicana habría coordinado la operación de narcotráfico.
Además, se estableció que el 15 de noviembre de 2016, Abreu Navarro también coordinó una transacción financiera de unos 50,000 dólares por recibir en Nueva York dos kilos de heroína y/o cocaína; y el 28 de febrero del 2017, coordinó una transacción para enviar 4 kilogramos de heroína al Bronx, en Nueva York.
El 13 de septiembre de 2018, Abreu Navarro fue acusado del asesinato de Robinson Jean Carlos de los Santos, quien murió por tres impactos de bala y el 26 de julio de 2018, el Departamento de Justicia de los EEUU, solicitó a la Procuraduría General de la República la asistencia jurídica internacional para en el procesamiento de Abreu Navarro y su posterior extradición.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la Orden de arresto número 001-022-2020-SRES-00691, contra el inculpado, atendiendo a diversas solicitudes de extradición a los Estados Unidos, para que responda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, según ejemplar de acta de acusación número CR 20 0007, emitida el 9 de enero del 2020.
A solicitud de la Procuraduría General de la República y la asistencia jurídica internacional fue apresado por la DNCD, ya que el acusado, aunque reside en la República Dominicana, los ilícitos que se le imputan eran cometidos en los Estados Unidos, conforme a la convención de las Naciones Unidas que coordina el crimen transnacional organizado, mediante los Acuerdos Bilaterales de Extradición por la Rogatoria Internacional.
La DNCD daba seguimiento a Abreu Navarro a fin de mantenerlo localizado y recolectar las informaciones para su proceso judicial.
De otro lado, con relación al vínculo partidista de Abreu Navarro con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), esa organización declaró que repudia las conductas criminales o antijurídicas y dijo que «nuestro partido hace constar ante el país que cada ciudadano y ciudadana es responsable de sus actos personales frente al Estado y que las conductas criminales o antijurídicas son repudiadas por nuestra organización política».
Agregó que «hemos sido firmes tomando acciones disciplinarias contra miembros que han quebrantado los valores éticos y morales que propiciamos».
Comentarios sobre post