Santo Domingo (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, sostuvo este lunes un encuentro de trabajo con la embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen, y representantes de la Cooperación Alemana, con quienes conversó sobre diferentes temas relativos a la administración de justicia y al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país.
Germán Brito y Maike Friedrichsen, así como Andreas Forer y Denisse Casado, director y asesora técnica del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe (FEDACC), intercambiaron ideas sobre los trabajos que llevan a cabo de manera conjunta como parte de dicho proyecto.
En el encuentro también participaron los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación del órgano persecutor de la corrupción, quien ha estado fungiendo como enlace de la cooperación con la Pepca.
El Ministerio Público y la Embajada de Alemania desarrollan varias iniciativas, entre ellas, jornadas de capacitación y acompañamiento en procesos de trabajo en equipo, se informó en un comunicado de prensa.
Como parte de esas acciones, durante el encuentro el Ministerio Público recibió quince tabletas de última generación y quince cámaras de cuerpo, donados por la Cooperación Alemana para mejorar las capacidades de la Pepca, procurando agilizar, optimizar y garantizar la transparencia en los trabajos que realiza el equipo de ese órgano persecutor de la corrupción administrativa.
La procuradora general de la República valoró el apoyo de la Cooperación Alemana, y destacó que “una de las metas del Ministerio Público, además de ejercer la acción penal, es la protección de los derechos de las personas procesadas y, cuando se detiene a alguien en el curso de un allanamiento o redada o cualquier otra medida, es bueno tener algo que pruebe que se ha llevado a cabo de manera correcta”.
Mientras, la embajadora Maike Friedrichsen destacó la importancia de colaborar con el Estado de derecho en República Dominicana.
En tanto, Andreas Forer, resaltó la labor que realiza el equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, destacando “que tienen una administración bastante ágil”. También, resaltó que el proyecto lo pudieron montar de manera rápida.
Dijo que por las labores de capacitación y los tipos penales en los procesos de esa dependencia del Ministerio Público surgió la necesidad de comprar los referidos aparatos.
Por su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho también destacó el apoyo ofrecido por la Cooperación Alemana. “Yo quisiera dar fe, primero, de la entrega que ha tenido la embajadora y todo su equipo en este proceso de cooperación, que es un acercamiento que la señora embajadora nos ha brindado a nosotros y las herramientas para poder hacer el trabajo y hacerlo cada vez mejor”.
“Lo ha hecho en capacitaciones que ya hemos realizado en este proceso, más de una, y ahora se suma también este apoyo en tecnología, que nos va a servir no solo para ser más transparentes en esas actividades que nosotros hacemos, sino, también, algunos equipos van a hacerle la vida más fácil a los fiscales en las actividades que se hacen en las investigaciones y en las actividades que se hacen en la litigación para el manejo de los casos”, agregó Camacho, al resaltar que las colaboraciones recibidas hacen el trabajo más ligero.
El proyecto es desarrollado por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana-GIZ, teniendo como países de acción: República Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador, con la puesta en marcha de líneas de acción como la integridad y la transparencia en el Poder Judicial, así como la lucha contra la corrupción a través del sistema de justicia penal, esta última en la que trabaja con la Pepca. El proyecto además tiene como líneas de acción los derechos humanos y el acceso a la justicia, así como la reducción de barreras y discriminación en la justicia penal para grupos vulnerables.
