Por David R. Lorenzo
Como es de conocimiento público, el martes de esta semana el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a dos hombres encontrados culpables de asaltar la sucursal del Banco Popular Dominicano, ubicada en la avenida Luperón esquina Olof Palme, de la ciudad de Santo Domingo, el 3 de junio de 2024.
Las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez acogieron en parte la solicitud del Ministerio Público y dictaron prisión de 20 años para Jorge Luis Estrella Arias, alias «El Modelo» y su primo Eddy Enmanuel Segura Arias.
Sin embargo, Alberto Ezequiel Estrella Arias, quien alquiló la yipeta en la que se hizo el atraco, y es hermano de Jorge Luis, fue absuelto del proceso, con una muy débil argumentación.
Lo dejaron libre, porque según las juezas, las fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Carlenny Camil no pudieron demostrar que, al alquilar el vehículo utilizado en el robo, éste tenía conocimiento del plan a ejecutarse», lo que significa que ellas supuestamente son unas incompetentes porque no lograron sentenciar a un implicado de un hecho delictivo tan simple.
De acuerdo a la imputación, Alberto Ezequiel fue la persona que alquiló el vehículo, una yipeta marca Kía, modelo Sorento y color negro, a un dealer propiedad del señor Manuel Antonio Matos, el 31 de mayo 2024.
De acuerdo a las informaciones contenidas en el expediente, el joven fue un día antes del asalto, al cajero del Banco Popular a realizar una transacción de RD$ 10,100.00 para pagar el alquiler del vehículo.
Días después que se perpetrara el asalto, y de acuerdo a la acusación, Alberto Ezequiel se puso en contacto con el dueño del dealer para pedirle que cambiara el contrato y pusiera a su hermano ultimado por las autoridades, como la persona que alquiló la yipeta, y no él, es decir, que intentó manipular el proceso.
A pesar de todo eso, las jueces creyeron «su inocentada», al entender que la participación de Alberto Ezequiel se limitó al alquiler de la yipeta usada y, en virtud del principio de “la duda razonable”, que favorece a los acusados, no se pudo aplicar la responsabilidad penal en su contra, porque él fue un «joven ingenuo» y estaba “ajeno” a lo que iba a pasar y a lo que pasó.
Durante las investigaciones la Policía dio de baja a Richard Michel Estrella Arias, también hermano de Jorge Luis, y a Johan Ballard Aybar (alias Beberrá) a quienes también se les acusó de perpetrar el asalto bancario donde sustrajeron la cantidad de 1,685,723.68 pesos.
Entiendo que bajo esa tesis de “la duda razonable”, el tribunal también debió absolver a Jorge Luis Estrella Arias y su primo Eddy Enmanuel Segura Arias, porque quizás ellos tampoco sabían lo que hacían, y tal vez se introdujeron sin querer en el Banco Popular, y lo que realizaron no fue un atracó, sino un ensayo para una película de ficción.
Para terminar de empeorar las cosas, luego del ridículo fallo, hasta las fiscales calificadas de “incompetentes” por el tribunal, dijeron que ni siquiera saben lo que van a hacer, porque van “a analizar” si apelan la sentencia en cuanto a la absolución de Alberto Ezequiel cuando esta salga de manera íntegra el 8 de mayo.
Creo que esto es un ejemplo de que la República Dominicana es uno de los países donde los delincuentes, asesinos, narcotraficantes, pandilleros, estafadores y corruptos pueden recobrar su libertad y salir airosos de sus procesos con mucha facilidad, porque la justicia tiene muchas goteras, y porque los jueces siempre se apoyan en la supuesta incapacidad del Ministerio Público para castigar los hechos punibles, aunque se presenten expedientes con miles de páginas y pruebas.
Dado ese fallo judicial, ya los delincuentes deben saber que en República Dominicana pueden alquilar vehículos para robar, atracar, secuestrar y hasta asesinar, porque con toda seguridad saldrán libres, ya que los fiscales no podrán demostrar el motivo de esos alquileres, y los jueces creerán los cuentos de que son inocentes, porque, al fin y al cabo, las llamadas “dudas razonables” favorecen al delincuente.
davidrlorenzo@gmail.com
(El autor es periodista y abogado residente en Santo Domingo, República Dominicana).
