Santo Domingo (República Dominicana).- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y organizaciones aliadas, Abel Martínez, dio a conocer el listado de pensiones que a su consideración, han sido otorgadas al margen de la transparencia, la integridad administrativa y la ley 379-81.
Martínez expresó que la legislación establece criterios claros para la jubilación con pensiones vitalicias del Estado, destinadas a servidores públicos bajo condiciones específicas de servicio y edad, o personas con condiciones de discapacidad física severa debidamente certificada.
«También están las pensiones especiales, que deben ampararse en leyes específicas, cuando se trate de personas que no hayan desempeñado una función pública, como es el caso de atletas que hayan logrado poner en alto el nombre de país, tanto en territorio dominicano como en el extranjero, o deportistas que hayan sido exaltados al Salón de la Fama del Deporte Nacional, para citar algunos casos», señaló.
En ese sentido, Martínez remitió el análisis realizado por sus equipos técnicos que consta de documentos que incluyen un análisis de varios decretos que evidencian distorsiones graves en la asignación de pensiones por parte del gobierno, así como un documento que, a modo general, analiza unos 219 decretos correspondientes a pensiones especiales entre 2020 y 2024, el cual refleja que de 25.540 otorgadas, una notable minoría cumple con el proceso reglamentario.
El listado remitido a los medios revela cómo en varios decretos presidenciales, más de la mitad de las pensiones fueron asignadas con criterios políticos y no conforme a lo estrictamente indicado en la ley, en donde han sido beneficiados una gran cantidad de exmiembros y exdirigentes de partidos de oposición, incluyendo exalcaldes y exdirectores que abandonaron sus organizaciones políticas para entrar al partido de gobierno, siendo beneficiados, además, sus colaboradores y familiares, con pensiones vitalicias y muchas otras, a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y allegados.
«Muy pocas de las pensiones otorgadas han sido en beneficio de servidores públicos sin vinculación política, como enfermeras, técnicos de diversas áreas y figuras destacadas del deporte, el arte o la cultura, entre otros, lo que demuestra un manejo inadecuado y poco transparente de los recursos públicos, dando uso político y electoral de las pensiones mientras se afecta gravemente las finanzas públicas, la imagen y legitimidad del presente proceso electoral, y la institucionalidad democrática», manifestó Martínez.
Aseveró que con este accionar se ha fomentado un esquema de clientelismo y transfuguismo, que erosiona la estructura de los partidos políticos, debilitando la democracia dominicana, promoviendo un sistema en el cual las lealtades se compran y se venden, minando la esencia de la representación democrática y el pluralismo «que son fundamentales para un sistema político saludable».
«El manejo fiscal irresponsable de las pensiones estatales ha provocado un aumento desproporcionado de los compromisos financieros del Estado, con un incremento de más del 60% en los fondos destinados a esos fines en los últimos cuatro años, recursos que bien pudieran ser utilizados, además, a favor de una franja poblacional que tanto lo necesita, como son los adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas, las cuales, actualmente son invisibles para el gobierno», manifestó el exalcalde de Santiago de los Caballeros.
Martínez señaló que «siempre seré defensor de que las personas de trabajo que hayan alcanzado la edad estipulada para ser pensionados, o que resulten inhabilitados por complicaciones de salud u otras causas, tengan acceso a una vida digna fruto de sus sacrificios y años de servicio, pero eso no es lo que estamos viendo en la actualidad. Por eso, la sociedad en pleno debe exigir la publicación del total de más de 60.000 pensiones entregadas por el Estado en los últimos cuatro años».
Durante el pasado debate presidencial organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), Martínez expresó su preocupación al presidente Luis Abinader, en torno a las prácticas del gobierno para las asignaciones de pensiones estatales, las cuales dijo deberían otorgarse en estricto apego a la Ley 379-81, a lo que el mandatario le pidió que le señalara de cuáles se trataban.
